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Lic. Verónica Juárez Piña
Secretaria
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LEVANTAMOS  LA VOZ CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL

Los sucesos difundidos por las redes sociales y la prensa nacional sobre el caso de un presunto acoso sexual por parte de un adulto mayor y presuntamente canadiense, quien besa en la boca a dos niñas en Acapulco, Guerrero, ha causado el repudio e indignación ante toda la ciudadanía; contrario a que los familiares de las niñas no presentaron ninguna denuncia ante el Ministerio Público, ni intervinieron para evitar el abuso al que eran sometidas las menores de edad.

Las personas que grabaron y denunciaron al sujeto, manifestaron que el padre de las niñas dijo permitir tal situación, porque “llevan tiempo de conocerse”, y que según, el turista les apoya con “despensas”, además de increparlo le preguntaron “¿eso vale tu hija, unos pesos?.[1]

Notas periodísticas indicaron que los padres también fueron denunciados penalmente por permitir dicha situación y, aunque fueron detenidos, recuperaron su libertad sin ningún tipo de sanción, ya que el Ministerio Público argumentó que: “los padres pueden hacer lo que quieran con los hijos siempre y cuando tengan su consentimiento”.

Sumado a ello, se informó a través de diversos medios de comunicación que en las próximas horas, el canadiense Walter Suk, de 68 años, acusado del delito de abuso sexual, podría recuperar su libertad tras el pago de una fianza máxima de 50 mil pesos, porque el delito de pedofilia del que es señalado no está tipificado como grave en el Código Penal de Guerrero.

De ahí que vemos con mucha preocupación que existe una evidente ausencia de sanciones y de castigo al agresor, lo que coloca al Gobierno del Estado de Guerrero como responsable por su acción u omisión en relación a delitos sexuales y violaciones de otros derechos vulnerados conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El abuso sexual infantil se refiere a cualquier y todo acto de índole sexual entre un adulto y un niño, obviamente sin el consentimiento del niño ni de los padres, y muchas veces con violencia física, aunque la mayoría de las veces con violencia emocional. Se le conoce también como pederastia.
La pederastia está considerada como un delito grave a nivel internacional. Por eso, todo acto de abuso sexual en niñas o en niños deja una huella profunda y dolorosa que puede llegar hasta la vida adulta e incluso nunca ser superada.
Lo anterior, es preocupante porque estamos ante un caso más de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de una niña, niño o adolescente, ya que se infringió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal.
Como es del conocimiento público, en diciembre de 2014, fue decretada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se busca dar la garantía efectiva de todos los derechos de la niñez y adolescencia mexicana. Sin embargo, en nuestro país no existe un sistema eficaz de protección y asistencia a niñas y niños víctimas de abuso y explotación sexual. Por ello, el abuso, la explotación sexual y la trata de niñas y niños puede convertirse en una pandemia fuera de control, ya que constituye una modalidad sumamente estructurada por parte del crimen organizado.
La indiferencia e ignorancia, la permanencia de actitudes huidizas y la eliminación de valores, son hoy elementos que auxilian para caracterizar a la niñez como mercancía, también la ausencia de leyes que garanticen férrea y plenamente los derechos de la infancia, sobre todo, en estos temas. La corrupción y la falta de sensibilización del personal encargado del cumplimiento de la Ley, como lo es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes son algunos factores que llevan directa o indirectamente a la violación de los derechos, en particular a la existencia del abuso y la explotación sexual comercial de la niñez y adolescencia.

El delito de pederastia no es nuevo y  constituye un grave flagelo a los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que la conducta descrita en el tipo penal, consiste en “quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento”, lo cual vulnera gravemente la esfera de protección de la víctima y limita su pleno desarrollo integral, pues estos actos ocasionan traumas psicológicos para el resto de su vida, ya que se derivan en lesiones psíquicas de gran arraigo en su vida.

Por ello, consideramos que en nuestro país debe atenderse de manera urgente para prevenir, atender y erradicar los problemas asociados con la pederastia y agravarla cuando la víctima es menor de 12 años.

Como se sabe, nuestro país es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual se proclaman el cuidado y asistencias especiales que la niñez y adolescencia requiere y donde se observa el deber que se tiene para que a la infancia se le brinde el medio natural para lograr su crecimiento y bienestar, incluyendo la protección y asistencia que sean necesarias.
Es fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño que a la letra señala; “los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”
Así también, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 12 y 47 indican que:
Art. 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimientos de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables...

Art. 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;
II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;
III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;
IV. El tráfico de niñas, niños y adolescentes;
Por lo anterior, es necesario garantizar la justicia para las niñas  agredidas y castigo para el agresor...Por lo anterior,, ya que todo acto que incluya acciones que garanticen protección y beneficio para las niñas, niños y adolescentes del país es una exigencia, pues la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad y calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes, es un reto que debemos apostar a lograr cotidianamente.

¡Por todo esto, levantamos la voz contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes!
Levantamos la voz por identificar y castigar a quienes violan sus derechos humanos.

Levantemos la voz para que se aplique con rigor todo el peso de la ley para acabar con la impunidad que ha minado gran parte del sistema de procuración e impartición de justicia en nuestro país.

En el caso que nos ocupa, exigimos sancionar al agresor, dictar las medidas cautelares correspondientes, revisar la actuación de los padres y familiares y actuar en consecuencia de igual forma identificar y sancionar las omisiones por parte de la autoridad. Exigimos el cumplimiento de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de prevenir todo tipo de violencia contra las niñas, niños y adolescentes.
[1] Redacción Revolución / 28 marzo, 2016, agencia Quadratín

Verónica Beatriz Juárez Piña
Secretaría de Gobierno y Enlace Legislativo del CEN del PRD
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